viernes, 19 de agosto de 2011

La discriminación en la edad más difícil



Una encuesta elaborada por Unicef muestra vivencias y percepciones de los adolescentes vinculadas con la discriminación. Tres de cada cuatro presenció alguna situación de ese tipo.

En Argentina, tres de cada cuatro adolescentes alguna vez vieron cómo discriminaban a otra persona. Y dos de cada cinco se sintieron discriminados alguna vez. La mayoría de las chicas y los chicos creen, además, que la sociedad es machista, racista y xenófoba y que también lo es la juventud argentina. Así lo afirma una encuesta realizada por Unicef Argentina a jóvenes de entre 13 y 18 años de los distintos puntos del país donde se juega la Copa América. Destacada como Entidad Benéfica oficial del torneo, Unicef exploró la percepción que chicas y chicos de centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy tienen de las situaciones de discriminación en sus vidas cotidianas y también del ámbito del fútbol (ver aparte).

La encuesta, domiciliaria, fue realizada entre el 17 y el 28 de junio, sobre 899 chicas y chicos seleccionados de modo tal que la investigación resultara representativa. Respondieron tanto jóvenes escolarizados como no escolarizados, concurrentes a escuelas privadas y escuelas públicas, del Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Gran Córdoba, Santa Fe Capital, Gran San Juan, Gran Mendoza, Gran Salta y Gran San Salvador de Jujuy.

Al referir la discriminación, la mayoría de las y los encuestados la asociaron con distintas formas de la violencia, pero también con aspectos usados para discriminar. Preguntados por “¿qué palabras te vienen a la mente?” al pensar en la discriminación, la mayoría de las respuestas (el punto tomó menciones, pero no las cuantificó en porcentajes) repitieron “agredir, rechazar a otros, faltar el respeto”, “diferenciar, apartar, separar personas”, “aspectos físicos”, “color de piel”, “maldad, bronca”. Que la discriminación, sin embargo, “no está justificada porque somos todos iguales” es la frase que eligió el 76 por ciento de chicas y chicos, ante un 19 por ciento que la justifica “porque no todos somos iguales”, y un 5 por ciento que no acordó con ninguna de las dos.

La amplia mayoría de las y los jóvenes presenció un acto de discriminación: el 75 por ciento, es decir, tres de cada cuatro encuestados. De ellos, quienes con más contundencia refirieron haber sido testigos fueron los encuestados de Córdoba (el 98 por ciento). Los demás distritos, un poco más rezagados, también tienen cifras importantes: en la ciudad de Buenos Aires el 83 por ciento, en Mendoza el 76, en Santa Fe el 74, en Salta el 72, en Gran Buenos Aires el 70 y en Jujuy el 64.

Además, dos de cada cinco (el 40 por ciento) dijo haber sufrido discriminación alguna vez. De ellos, el índice más alto se registró en Santa Fe Capital (55 por ciento), seguido por Capital Federal (con el 45 por ciento), Mendoza (el 44) y el Gran Buenos Aires (el 39).

En cuanto a los motivos de discriminación, el aspecto físico lideró las respuestas. El 44 por ciento de quienes se sintieron discriminados alguna vez señalaron como motivo el tamaño o el peso. Este aspecto fue el más frecuentemente mencionado por las chicas que se reconocieron discriminadas. Entre los varones, en cambio, el motivo más mencionado fue el color de la piel. Para quienes presenciaron episodios discriminatorios, el motivo más usual al que se recurrió fue el color de la piel.

Otras razones usadas para discriminar fueron la nacionalidad, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, la discapacidad, la religión, una enfermedad, la provincia de nacimiento, el origen étnico, los antecedentes penales, la edad y el género. Es precisamente en ese aspecto que la encuesta permite sospechar la fuerte naturalización de sesgos de género. Por caso, aun cuando las chicas son las más frecuentemente discriminadas por su aspecto físico, sólo una ínfima parte de quienes fueron testigos (2 por ciento) y otra tanta de quienes fueron víctimas (el 4 por ciento) de discriminación señalaron el género entre los motivos. Podría sospecharse que el sexismo atraviesa más de una de las categorías que se perciben como motivos de discriminación. La diferencia, tal vez, resida en que chicas y chicos no perciben aún con claridad el sexismo detrás de ciertas conductas o lo hayan naturalizado al punto de haberlo incorporado a su universo de valores cotidianos y esperables.

Tanto las víctimas como los testigos refirieron la escuela como el principal escenario de la discriminación (el 63 y el 69 por ciento, de acuerdo con cada grupo), seguida por la calle (17 y 20). Quienes fueron testigos, vieron en su mayoría cómo discriminaban a compañeros de escuela y amigos (62 y 19 por ciento); quienes sufrieron los episodios dijeron haber sido discriminados por su compañero de escuela (61 por ciento) y su amigo (20). Para chicas y chicos, las personas más discriminadas en Argentina son los inmigrantes bolivianos (19 por ciento), lejos, con un 6 por ciento, las mujeres.

Por otra parte, la mayoría cree que la sociedad argentina es “bastante” machista (47 por ciento), racista (49) y xenófoba (49). Que es “muy” machista y racista lo creen el 35 y 34 por ciento, respectivamente. Que es “poco” xenófoba el 24. Al sumar los resultados de “muy” y “bastante”, el registro da cuenta de que la mayoría de los adolescentes encuestados cree que vive en una sociedad machista, racista y xenófoba (82, 83 y 72 por ciento, respectivamente).

Además, la mayoría cree que el país tiene una juventud consistente con esa sociedad que valoraron: la creen “bastante” machista (47 por ciento), racista (52) y xenófoba (51). “Muy” machista el 27 por ciento, “muy” racista el 29. “Muy” y “poco” xenófoba el 22 por ciento, en cada caso. Sumando, se puede concluir que la mayoría de chicas y chicos cree que la juventud argentina es notablemente machista, racista y xenófoba (74, 81 y 73 por ciento, respectivamente).

Por Soledad Vallejos
En Página 12, 15 de Julio de 2011

jueves, 11 de agosto de 2011

Con libertad para estudiar


El Congreso aprobó la ley que obliga al Estado a garantizar la formación primaria, secundaria y universitaria en las cárceles del país. Además, la norma establece como estímulo para los internos un régimen de reducción de penas por ciclo completado.

Todas las personas detenidas en cárceles que no hayan concluido los niveles educativos obligatorios deberán recibir educación primaria o secundaria, según sus necesidades. Y, además, tendrán derecho a realizar estudios terciarios y universitarios. Así lo dispone una ley recién sancionada por el Congreso, cuyo texto pertenece a la diputada del FpV Adriana Puiggrós, junto al radical Ricardo Gil Lavedra y en acuerdo con otros bloques y legisladores. El proyecto tuvo origen en aportes realizados por alumnos del Centro Universitario Devoto y en la iniciativa de la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. La nueva ley establece también, como estímulo para los internos, la disminución de la pena por ciclo educativo cumplido. “Esto tiene como centro el respeto a la persona, la dignidad humana y la reinserción social de los detenidos. Además, está comprobado que a mayor educación disminuye considerablemente la reincidencia en el delito”, dijo Puiggrós a Página/12.

Los puntos centrales que establece la norma aprobada la semana pasada por el Senado son los siguientes:

- Los internos deberán tener acceso pleno a educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes de Educación Nacional, Educación Técnico Profesional, Educación Sexual Integral, Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Educación Superior y toda otra norma aplicable.

- Los certificados y diplomas, expedidos por las autoridades competentes, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir que dicho estudio fue realizado en la cárcel.

- Se establece un estímulo por ciclo lectivo anual de un mes de reducción de pena. Se establece una reducción de pena de dos meses por estudios primarios, tres meses por estudios secundarios, tres meses por nivel terciario, cuatro meses por estudio universitario.

- Se prohíbe la suspensión de la educación de un interno como método de castigo. Asimismo, los horarios de trabajo de un interno no podrán obstaculizar los horarios de estudio.

- En todo establecimiento penal deberá funcionar una biblioteca.

La norma sancionada sustituye el capítulo VIII, artículos 133 a 142, de la Ley de Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. “Allí se habla de educación y estímulo para los internos, pero se hace de modo parcial”, explica Puiggrós, y agrega: “A partir de ahora, pasa a ser una responsabilidad del Ministerio de Educación que exista educación primaria, secundaria y superior en todas las cárceles del país, y para todos los presos por igual, cualquiera sea su condena”.

Según un informe realizado en 2007 por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, de un total de 50.980 internos, sólo 2594 han finalizado sus estudios secundarios. Allí se exponía, también, que de ese total, 36.801 no participan de ningún programa de capacitación laboral. Estos datos fueron parte de los fundamentos para la elaboración de la norma, pero su origen proviene en especial de los aportes de estudiantes universitarios presos en la cárcel de Devoto. Allí la UBA desarrolla un programa pionero, que ahora, con sus particularidades, es reproducido por trece universidades a lo largo y ancho del país (ver aparte).

–¿Es obligatorio que el interno vaya a sus clases, o es sólo una opción que tiene? –le preguntó este diario a Puiggrós.

–Esto es algo que la ley no explicita, no habla de obligatoriedad. Pero entiendo que en el espíritu de la norma sí lo hace, porque de hecho a partir de la misma se aplicará la Ley de Educación Nacional a las personas en contexto de encierro, por lo que, al menos hasta el secundario fijado por esta ley, será una obligación para todos los ciudadanos.

–¿Qué consecuencias trae para los internos asistir a estos programas de educación?

–Hay estadísticas que dicen que la reincidencia de los internos que no obtienen educación en la cárcel es muy alta, en cambio la reincidencia de los que cursaron ciclos enteros es del 3 por ciento. Así que, si hablamos de seguridad, está absolutamente comprobado que a mayor educación, mucha menor reincidencia.

–¿Qué posibilidades hay de que pueda aplicarse efectivamente esta ley?

–La aplicación de la norma es el siguiente paso, pero esto va a haber que militarlo, va a haber que poner el ojo cárcel por cárcel, para asegurarnos de que se cumpla la ley. Y para que se presenten hábeas corpus en donde suceda lo contrario.

Informe: Agustín Saavedra.
En Página 12 05/08/08